El Transantiago es -y cabe temer que seguirá siendo- un lastre de incalculables costos para el Gobierno.

El Ministerio de Transportes y el gabinete pasan de una dificultad a otra, sin tener el tiempo ni la perspectiva o la información que requieren para desarrollar una salida satisfactoria. A los problemas de funcionamiento se unen ahora las dificultades de financiamiento, y éstas arrastran complicaciones políticas no sólo con la oposición, sino también en la Concertación.

La más reciente arista de la crisis se debe a la falta de recursos del Administrador Financiero del Transantiago (AFT), que los distribuye a las distintas empresas. Debido a la altísima y creciente evasión, y con costos operacionales mayores que los originalmente previstos, a la reserva técnica, que había suplido los déficit, sólo le quedan cinco millones de dólares.

Si se acaban los recursos, no se podrá pagar a las concesionarias, que probablemente quebrarían, paralizando el transporte público, ocasionando el caos en Santiago y una catástrofe política para el Gobierno. En consecuencia, éste necesita inyectar recursos al Transantiago, pero enfrenta trabas constitucionales para hacerlo sin autorización del Congreso. Dado que el Banco del Estado participa en el AFT, es complejo que el primero preste al segundo, sin que los demás bancos participantes también lo hagan. Como una respuesta rápida, el Ministerio de Transportes ideó aumentar el capital del Metro. Así, éste tendría los recursos para no cobrar al AFT la parte que le corresponde de los ingresos del Transantiago, permitiendo el pago a las concesionarias. Implícitamente, el Metro prestaría dinero al sistema, a cambio de un pagaré.

Este esquema abre profundas dudas sobre su constitucionalidad, su ajuste a las normas legales sobre sociedades anónimas que rigen para el Metro (ya que la empresa entregaría parte de su capital a cambio de un pagaré sin respaldo, a menos que los bancos miembros del AFT lo respaldaran), y sobre si semejante operación -virtualmente bancaria- caería o no dentro del giro propio que la ley fija al Metro. Tanto es así, que en la tarde de ayer la Cámara de Diputados, por 56 votos a favor -tres de ellos de diputados concertacionistas-, 10 en contra y una abstención, acordó oficiar a la Presidenta de la República, representándole la "inconstitucionalidad e ilegalidad de la operación financiera" entre el fisco y el Metro, y "exponiéndole soluciones jurídicamente procedentes". Éstas serían, según los firmantes, un proyecto de ley en conformidad con el artículo 63 de la Constitución, y un decreto que autorice a la Presidenta, "con la firma de todos los ministros de Estado, para decretar pagos no autorizados por ley", para atender necesidades impostergables de servicios que no puedan paralizarse sin serio perjuicio para el país, "caso exacto que S.E. debe reconocer, dimensionar y solucionar" -concluye el oficio-. El alcance de semejante paso político es, evidentemente, enorme.

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